Es un honor dirigirme a ustedes para explorar un tema que, aunque a menudo relegado a los márgenes del debate público, está cobrando una relevancia inusitada en el corazón de nuestras sociedades latinoamericanas: la evolución de la legislación en favor del bienestar y los derechos de los animales de compañía. Como observador de tendencias y entusiasta del progreso social, he visto cómo este movimiento, impulsado por una conciencia colectiva creciente, transforma silenciosamente nuestros marcos legales y nuestra relación con los seres que comparten nuestro hogar y nuestro planeta.
Avances Legislativos: De la Indiferencia a la Protección Activa
Si bien la protección animal ha sido objeto de reflexión desde hace décadas, cobrando fuerza con obras como "Liberación Animal" de Peter Singer en 1975, es en los últimos años donde ha pasado de la teoría a la acción legislativa concreta. Hoy, más de 50 constituciones en el mundo mencionan a los animales, sea directa o indirectamente. Latinoamérica, históricamente marcada por la cosificación animal en sus códigos civiles heredados del derecho romano y francés, está dando pasos firmes.
Brasil incorporó en su Constitución (Art. 225) la prohibición de prácticas crueles hacia los animales, y una ley de 2020 aumentó las penas para el abuso contra perros y gatos hasta cinco años de prisión. Chile avanzó con la Ley 20.380 sobre Protección de Animales y la emblemática "Ley Cholito" de 2017, que endurece las sanciones y fomenta la educación sobre protección animal. En México, 28 de sus 32 entidades federativas ya cuentan con sanciones por maltrato animal desde febrero de 2023, y la "Ley Maple" reconoce a los animales como seres sintientes; incluso, en febrero de 2024, se propuso una reforma constitucional para prohibir el maltrato. Perú aprobó la Ley 30407 en 2016, que castiga a quienes maltraten animales con hasta cinco años de prisión efectiva. Argentina cuenta con la ley 14.346 y ha propuesto reformas para endurecer las penas. Uruguay, por su parte, regula la tenencia responsable y establece sanciones a través de la ley 18.471.
El caso más significativo en cuanto a la aceleración legislativa es el de Colombia. La Ley 1774 de 2016 marcó un hito al reconocer a los animales como "seres sintientes", dejando de ser considerados meras "cosas". Este avance ha sido reforzado por la aprobación de la "Ley Ángel" (Ley 2455 de 2025), que representa un "punto de inflexión histórico". Esta nueva normativa no solo endurece las sanciones penales, prohíbe a los agresores reincidir en la tenencia de animales y agiliza los procedimientos judiciales (estableciendo audiencias en un máximo de cinco días), sino que también prohíbe el embargo de animales de compañía y soporte emocional, reconociéndolos como parte integral del núcleo familiar. Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente de Colombia aprobó en julio de 2022 la Política Nacional de Protección y Bienestar Animal, que promueve la tenencia responsable, la esterilización y la creación de centros de bienestar para fauna doméstica y silvestre.
Un Reflejo de la Conciencia Social y Cifras Relevantes
Esta oleada legislativa no es casual; es el reflejo de un cambio social profundo. Un estudio de finales de 2016 de World Animal Protection reveló que el 89% de los consumidores colombianos, el 84% de los mexicanos y el 78% de los chilenos comprarían productos con un sello de bienestar animal. Más aún, el 94% de los mexicanos y el 92% de los colombianos creen que los animales bien tratados producen artículos de mayor calidad. Las generaciones más jóvenes (entre 18 y 29 años) demuestran un interés creciente en el bienestar animal. En Argentina, un fallo de habeas corpus en 2014 para la orangutana Sandra sentó un precedente al reconocer a los "sujetos no humanos" como titulares de derechos.
Las denuncias por maltrato animal también reflejan esta mayor conciencia: en 2016, Perú registraba entre 10 y 12 denuncias diarias, y Colombia al menos una denuncia diaria, principalmente por abandono o uso como medio de transporte. Esto, a pesar de que el informe de World Animal Protection de 2020 clasificó a países como Argentina, México, Perú y Chile con una "nota C" en su Índice de Protección Animal, indicando una necesidad drástica de mejora.
Retos y Predicciones para el Corto Plazo
A pesar de estos avances, persisten retos. La implementación y el cumplimiento de las leyes varían y dependen de recursos y voluntad política. Ecuador, por ejemplo, en 2016, no contaba con una Ley de Protección Animal en vigencia, y su Código Orgánico de Integridad Penal (COIP) solo contenía un artículo con sanciones consideradas carentes de rigor. La persistencia de "tradiciones" como las corridas de toros y peleas de gallos, que aún son excepciones a las sanciones en las leyes de Colombia y Perú, muestra un camino cultural por recorrer. La falta de datos actualizados y la confusión sobre las autoridades competentes para denunciar, como se observó en Ecuador en 2016, son barreras que deben superarse.
Sin embargo, el futuro a corto plazo nos muestra una tendencia clara: una mayor exigencia ciudadana, leyes más robustas y la consolidación de los animales como seres sintientes con derechos inherentes. La aprobación de la Ley Ángel en Colombia en 2025 es un claro ejemplo de esta predicción, estableciendo un estándar más alto para la protección. Se espera que la obligatoriedad de capacitar a jueces, fiscales y policías, así como la urgente necesidad de implementar rutas claras para denunciar el maltrato animal en cada municipio, impulse una transformación aún mayor.
Nuestro compromiso, como sociedad, es asegurar que esta balanza de la ley se incline de manera irreversible hacia la justicia interespecie. La dignidad animal ya no es una opción, sino una exigencia de nuestro tiempo.